Permite determinar el grado de cumplimiento de la LOPD y subsanar las deficiencias detectadas. Cubre desde la inscripción de los ficheros en la AGPD (Agencia de Protección de Datos) hasta los procedimientos para modificación de datos, pasando por la seguridad informática que se establece en la ley dependiendo del nivel del fichero de datos personales.
El incumplimiento de esta ley no debe tomarse a la ligera, ya que las sanciones pueden ir (en el caso de entidades privadas) desde unos 600-60.000 euros para infracciones leves hasta unos 300.000-600.000 para las infracciones muy graves.
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